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Por: Santiago Pulido Ruiz

Desde: Ibagué, Tolima 

“La historia de las masas es siempre una historia que se hace contra el Estado, de suerte que aquí hablamos de estructuras de rebelión y no de formas de pertenencia. Todo Estado en último término niega a la masa, aunque lo exprese o la quiera expresar, porque quiere insistir en su ser, que es el de ser Estado, es decir, la forma sustancial de la materia social”. René Zavaleta Mercado.

Cuatro Conceptos de Democracia. (1981)

Tras la victoria electoral de Lucho Arce en noviembre del 2020, Bolivia parece retornar a la democracia con un MAS fuertemente cuestionado, pero con la suficiente y relativa capacidad para continuar con el proceso de revolución nacional. El cierre del círculo entre transiciones democráticas e interrupciones autoritarias hoy está acompañado de compromisos directos del gobierno con los movimientos sociales.

Las tensiones suscitadas alrededor de las pasadas elecciones generales de octubre de 2020 en Bolivia vuelven a colocar, sobre el tablero del análisis político, cuestionamientos ya conocidos por las izquierdas latinoamericanas frente a los límites y posibilidades de la revolución en democracia. El reciente proceso electoral de Bolivia en 2020 es una representación política e ideológica de las tensiones y crisis vividas en el 2019: el cierre del círculo entre transiciones democráticas e interrupciones autoritarias hoy está acompañado por la renovación del pacto social mediante un compromiso directo del gobierno masista con las exigencias socio-políticas de los movimientos sociales.  A su vez, este panorama es, en sentido general, una radiografía del ambiente político regional de los proyectos progresistas. Es suficiente con observar las recientes elecciones en Ecuador para encontrar el mismo rasgo característico.

Sin lugar a dudas, Bolivia es una muestra del conjunto de tensiones y desafíos que afronta el progresismo latinoamericano. De dichas elecciones se podrían proponer, grosso modo, dos conclusiones: en primer lugar, todo apoyo mayoritario debe ser constantemente refrendado -tanto en la esfera política como en la social- para luego sostener, expandir y radicalizar las experiencias populares en gobierno; segundo, derivado de lo anterior, las salidas democráticas del progresismo -siempre acompañadas por programas y proyectos de sociedad y nación a favor de las mayorías sociales- deben prestar suma atención a las contradicciones político-sociales entre gobierno y movimientos sociales, haciendo de estas tensiones una cualidad política productiva. Para el caso boliviano, dichas contradicciones socio-políticas están presentes desde el ciclo rebelde de 2000 a 2005.

No obstante, aunque la interrupción autoritaria ha concluido y el gobierno de Arce ha reestablecido paulatinamente las relaciones diplomáticas y la participación de Bolivia en los sistemas de integración regional del Sur, el MAS y las fuerzas progresistas próximas han quedado trastocados y excedidos políticamente: los avances en materia económica no parecen ser el único sostén de las experiencias progresistas y populares en gobierno, es decir, la crisis política boliviana evidenció que hay política de mayorías más allá del bienestar social y de la redistribución de la riqueza, por lo tanto, hay política más allá del Estado. Una lección un tanto obvia, pero siempre necesaria y sugerente.

En ese contexto, cobran fuerza los cuestionamientos al proceso institucional y político liderado por el Movimiento Al Socialismo desde su primer triunfo en 2006. En sentido estricto, vuelve a ganar protagonismo aquella discusión frente a la relación compleja y contradictoria entre Estado – Movimientos Sociales y Populares, expresión que tiene su antecedente, como ya lo advertimos, desde 2000-2005 con el ciclo rebelde boliviano. Quisiera detenerme a hacer una breve consideración histórica frente a la relación Gobierno – Movimientos Sociales para leer, así, sus implicaciones en la crisis política y golpe de Estado de 2019 y en la reciente victoria electoral del MAS en noviembre de 2020.

Ante todo, no es la primera vez que en la historia política de Bolivia se presenta un golpe de Estado contra una experiencia democrática y progresista en gobierno. El derrumbamiento del MNR, es decir, el golpe militar del 64’ que suprime la experiencia del 52’, es una de las referencias históricas de suspensión democrática por la vía militar-autoritaria. Para aquel tiempo, René Zavaleta Mercado propuso una tesis explicativa aún vigente: el derrumbamiento del MNR obedeció a la incapacidad política de articulación entre el movimiento obrero y el partido nacionalista, es decir, una de las incapacidades históricas de las izquierdas está relacionada con la imposibilidad de construir acuerdos disensuales y cierres de articulación político-social hacia una Revolución Nacional.

Pese a existir un cambio en la correlación de fuerzas sociales -fundamentalmente por la emergencia del movimiento indígena, campesino y cocalero- la conclusión de Zavaleta Mercado tiene validez hoy en sentido general: en gran medida, la crisis política que afrontó Evo Morales en 2019, que le cuesta su salida y la de su gabinete y que, al mismo tiempo, marca el ascenso de Añez a la jefatura presidencial, es reflejo y manifestación aún de esa incapacidad de articulación frente a la Revolución Nacional. Dicho de otro modo, el proyecto político del MAS tiene un importante pero no exclusivo grado de responsabilidad en la crisis política del 2019 y sus efectos inmediatos.

Ahora bien, el contexto político boliviano fue, hasta hace algunos meses, incierto. Para el 2019, determinado sector de la derecha boliviana logró fabricar la crisis e inestabilidad político-institucional por medio del argumento de fraude electoral por parte de Morales. Para ello contaron con el informe de la auditoria de elecciones en Bolivia suministrado por la OEA, el cual sostenía que la jornada electoral presentaba manipulaciones e irregularidades, por lo que resultaba imposible validar los resultados. De esta manera, las fuerzas reaccionarias justificaron la suspensión -por más de un año- del juego democrático, interrumpiendo así la independencia de poderes mediante la instauración del gobierno autoritario de Jeanine Añez.

Al respecto, desde noviembre de 2019 hay debates pendientes en la academia y en la izquierda latinoamericana que sugieren una reinterpretación de la crisis política en Bolivia y del reconocimiento abierto del golpe de Estado. Una de las voces que sentó posición en aquella ocasión fue la profesora Cecilia Salazar, directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia):

“No fue golpe. Desde el día 20 de octubre, el pueblo boliviano quedó inmerso en la incertidumbre debido al curso tomado por el proceso electoral. Gran parte de esa incertidumbre es atribuible a la sistemática acción del Gobierno por controlar las instituciones, afectando al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ante las evidencias de fraude, la población se movilizó pacíficamente desde el 21 de octubre, con el riesgo de arrastrar a grupos conservadores con pretensiones de convertirse en protagonistas del movimiento ciudadano. El domingo 10, la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por el Gobierno a auditar las elecciones, dio su informe señalando irregularidades en las elecciones. Se generó desorden, agravado por un motín policial que fue visto por la población no solo como una tregua en los enfrentamientos, sino como una expresión de solidaridad con la demanda por el respeto al voto. En ningún caso eso puede llamarse golpe de Estado. En este momento, grupos organizados del MAS (Movimiento al Socialismo, presidido por Evo Morales) asedian varias poblaciones, especialmente la ciudad de La Paz, incluyendo sus zonas populares. La pretensión es mostrar al mundo que Bolivia está dividida y que Morales, después de renunciar públicamente como presidente, retome el poder, para pacificar al país”. (El País, 2019)

En aquel momento, la profesora Cecilia Salazar desconoció un aspecto importante a la hora de valorar un posible golpe de Estado: ninguna fuerza militar sugiere una renuncia. Un ejemplo trágico de esto fue el golpe de Estado contra la Unidad Popular chilena de Allende. Por consiguiente, resulta débil sostener esa caracterización en defensa del argumento de que no se presentó un golpe de Estado. Fue –evidentemente- una ofensiva reaccionaria que logró articular cierto descontento popular y que, a su vez, instrumentalizó distintos sectores sociales.

Valdría la pena hoy cuestionar ¿cómo explicó Cecilia Salazar que la base social de las manifestaciones estuviese arraigada a las viejas castas desplazadas y hegemonizada por sectores proto-fascistas, tal como lo denuncia Martín Mosquera[1]? En la práctica, hubo un silencio cómplice de los académicos de la UMSA en su forma de (d)enunciar la crisis política: ¿la quema de whipalas en la calle es un hecho aislado de la supuesta movilización pacífica y ciudadana que en su momento defendieron? ¿Es explicable esta situación por el simple hecho de que la movilización arrastró a grupos conservadores?

Por otro lado, nadie dio garantía que la expresión de solidaridad con la demanda por el respeto al voto fuera un hecho “espontáneo” protagonizado por jóvenes en contra del abuso de poder y no responda, por el contrario, a pretensiones de desestabilización con rostro y una agenda específica, menos en el caso de la supuesta “solidaridad” del motín policial. Más allá que la intención de reelección fue un cálculo político errado por parte de Evo Morales, aspecto en el que coincido plenamente, es claro que las infracciones e irregularidades que en su momento señaló Salazar no comprometieron un cambio general abrupto del comportamiento estadístico electoral.

Por supuesto, de ninguna manera se busca justificar posibles irregularidades, sin embargo, el argumento de Salazar, en sentido estricto, no dio cuenta del supuesto carácter “espontaneísta” de las revueltas, tampoco explicó por qué la caída del gobierno Morales había sido exclusiva responsabilidad de sus desaciertos. Frente a lo anterior no se podía guardar silencio ni prevenciones: el sector de Añez representaba un proyecto reaccionario, racista, aculturador y retardatario.

Contrario a lo que afirmaron lxs intelectuales de la UMSA, los testimonios seguidos al golpe son, además de inquietantes, estremecedores:

“asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones masivas (incluye a niños y niñas), persecuciones y quema de viviendas. Una estremecedora demostración de barbarie revanchista y racista. A diferencia de los golpes blandos o parlamentarios que hemos visto durante el último periodo latinoamericano, en este caso asistimos más bien a un golpe tradicional, dispuesto a institucionalizar métodos de guerra civil para intentar quebrar la base de masas del anterior gobierno y la larga tradición combativa e insurreccional del pueblo boliviano”. (Mosquera, 2019)

Algunos círculos intelectuales se empecinaron en negar el carácter golpista de la crisis política boliviana, insistiendo en la idea que se estaba ante una rebelión popular y democrática contra el fraude impulsado por el tendente gobierno autoritario de Morales. Entre dichos intelectuales se encontraba Luis Tapia quien, personalmente, dejó una suerte de miseria de la teoría: la calidad teórica de su producción y la carga política de sus categorías analíticas no le fueron útiles para leer la crisis del 2019. Sus posicionamientos político-coyunturales parecían ir, de forma sectaria, en contravía de su obra. Sin embargo, hoy más que nunca, seguimos creyendo que es necesario y obligatorio leerle críticamente para entender y transformar nuestras realidades sociales latinoamericanas.

Según Tapia, la renuncia de Evo Morales fue el resultado de la articulación “de resistencia civil, motín policial y del primer informe de la OEA, que ratifica que hubo un fraude generalizado en todas las fases del proceso electoral (…) de ninguna manera se trataba de un golpe de Estado en el país, sino de una resistencia democrática”. Señaló además que: “la primera fase de violencia desatada por el MAS llevó a que la policía se [viese] rebasada en varios lugares y a que las turbas financiadas y movilizadas por el MAS [sembraran el] terror en la población”. Tapia también insistió en que el Gobierno de Morales era la principal fuerza de derecha en Bolivia: “esta transición se está dando con base a las fuerzas que responden a la configuración del sistema de partidos anterior, fuertemente marcada por el diseño que le imprimió el MAS, es decir, un control monopólico, la eliminación o reducción de la presencia de otras fuerzas de izquierda. Por tanto, lo que queda en el parlamento son las formas de recomposición de la vieja derecha oriental y del centro y centro derecha occidental”. Así, “el MAS se ha vuelto un partido de derecha, es la principal fuerza de derecha en el país, por el contenido económico y político del gobierno”. (Mosquera, 2019) citando a (Tapia, 2019).

Las afirmaciones de Tapia, por demás sectarias, insistieron en ubicar la responsabilidad exclusiva de la crisis política de 2019 en el MAS. Aspecto que me pareció en su momento ingenuo, ya que se negaron a reconocer la dirección política retardataria y racista detrás del proceso que él llamó “resistencia democrática”, en otras palabras, hizo abstracción del ascenso del proyecto de Jeanine Añez. Por otra parte, también desconoció que el sector juvenil-estudiantil que se venía movilizando previo a las elecciones de 2019 se manifestaba por medio de consignas profundamente racistas, invitando a los electores, más que a derrotar al MAS, a socavar la narrativa indígena y plurinacional. Luis Tapia dio un contenido progresista y popular a estas marchas, revistiéndolas como una expresión de la sociedad civil organizada. Nada más lejano a lo que la realidad política y social demostró.

Aun así, cabe reconocer que el proyecto político del MAS, con frecuencia, entró en permanente tensión y conflicto durante su gobierno con las expresiones movilizadas de los movimientos sociales. Muchas veces esta tensión irresuelta entre lo social organizado (movimientos sociales) y el Estado intentó ser cooptada por el gobierno del MAS, otras veces el gobierno confrontó directamente las manifestaciones del mismo núcleo social, creando con ello fisuras y rupturas al interior del Movimiento Social en su conjunto, tal es el caso de los desencuentros entre el movimiento campesino e indígena. Esta situación, de ningún modo, es asunto menor en gobierno.

En efecto, una de las lecciones que dejó la crisis política de 2019 es precisamente que: un gobierno progresista, a diferencia de los bloques políticos dominantes de derecha, debe entender que la complejidad social, antes de ser un obstáculo, es un complemento de la actividad política e institucional. Lo anterior no implica una instrumentalización político-gubernamental de las exigencias político-sociales o de la instrumentalización del conocimiento social de los movimientos, por el contrario, consiste en observar dicha tensión entre lo social y lo político como una tensión productiva en la cual, eventualmente, podría constituirse instituciones en favor de la transformación nacional y de las mayorías sociales.

En todo caso, la politización y la conciencia nacional, producto del ciclo rebelde boliviano, han permitido constituir y mantener formas de democracia social que exceden las redes institucionales y construyen el imaginario común de participar colectivamente de la vida política. Históricamente las formas organizativas que han asumido dichas expresiones sociales han oscilado entre las asambleas populares y las coordinadoras de luchas sociales, conformando, así, formas de acción social colectiva con la suficiente capacidad como para contener y desmontar los proyectos neoliberales de organización de la vida económica y social de los territorios y, al mismo tiempo, obtener importantes avances en materia de derechos sociales guardando siempre un margen de independencia frente al Estado, es decir, sin perder la interlocución con éste.

En ese sentido, si hubiese que defender algún aspecto de la revolución democrática y cultural sería, precisamente, la experiencia de organización extra-institucional y la crítica siempre existente en el eje social. Considero que lo anterior permite reconocer esas formas de acción político-social organizada sin inscribirlas, reducirlas o cooptarlas en el núcleo del Estado. Hoy el acumulado histórico y social de las luchas populares, sociales e indígenas desbordan, claramente, todo tipo administración política e institucional. Se trata, pues, del impulso de la fuerza democrática de la masa social. Han sido estas mismas organizaciones, gracias a sus críticas, las que se levantaron para defender el régimen y Estado plurinacional, para preservar la experiencia de la revolución democrática y cultural y lograr la salida del gobierno de Añez.

A contrapelo, Luis Tapia y algunxs intelectuales de la UMSA quedaron desdibujados en dicho propósito, cayeron en un tipo de fetichismo de Estado y del poder político, dejando de lado una de sus principales enseñanzas: el Estado es un campo político en disputa, nunca es un proyecto completamente definido. Por consiguiente, en su momento, entregaron la iniciativa estatal al proyecto aculturador y racista de Añez, prefirieron el lugar de la oposición autonomista a la defensa crítica del Estado plurinacional. Cabe señalar que el autonomismo, en ocasiones, puede convertirse en un activismo quieto: desde la crítica pasiva observan el derribamiento de las conquistas sociales, la historia acontece dándoles la razón y en contra de las mayorías desposeídas.

Dicho lo anterior, emergen nuevos retos y desafíos para el nuevo gobierno masista de Arce. Se abre una serie de compromisos con los movimientos sociales y las fuerzas populares que le otorgaron la victoria en las urnas el pasado mes de noviembre de 2020. Fuerzas   democráticas que colocaron a Morales en la presidencia en 2006 y que, en esta ocasión, volvieron a presentarse a las urnas para contener la encrucijada antidemocrática y reestablecer la democracia mediante un nuevo pacto social. También, fuerzas democráticas que no están dispuestas a seguir haciéndole concesiones a las desviaciones personalistas del MAS.

La ciudadanía que votó NO al referendo, enviando un mensaje claro al gobierno Morales en el sentido que no querían una perpetuación suya en el poder y resaltando la necesidad de renovar los liderazgos, constituyendo una nueva forma primordial -entiéndase nuevas formas de relacionamiento entre Estado y Sociedad Civil- es la misma ciudadanía que rechazó el golpismo y la maniobra antidemocrática, votando masivamente por el candidato del MAS.

En esta nueva etapa de gobierno del MAS habría que insistir, desde luego, que su capital político continúan siendo los sectores sociales organizados desde el ciclo rebelde boliviano (2000-2005). Por lo tanto, hay que reconocer que el horizonte democrático de los movimientos sociales rebasa al gobierno y al Estado. En ese sentido, el regreso del MAS a la presidencia denota, más allá de su capacidad política, la fuerza social de los movimientos en su autodeterminación y la consolidación de un nuevo bloque histórico popular.

Para ir cerrando, es importante valorar la dimensión social del mapa político nacional que permitió el ascenso electoral de Arce. Como indicamos a lo largo de esta nota, desde el año 2000 el destino nacional ha sido trazado desde un horizonte de democratización de la vida política y social, en especial de los sectores subalternos, quienes ya no están dispuestos que sus gobiernos devengan caudillistas, racistas, clasistas y/o pro-imperialistas.

Las recientes y futuras experiencias progresistas están proclives a equivocarse, sin embargo, en adelante no podrán desconocer que la democracia social y extra-institucional es el verdadero cemento social de la nación. Es decir, el soporte de la democracia ha recaído, fundamentalmente, en la acción social colectiva de los movimientos sociales, siendo estos los encargados de recobrar, ante irrupciones autoritarias, la política de mayorías sociales.  Esta democratización también representa un tapón para evitar los caudillismos autoritarios y la toma de decisiones por fuera del sentir popular.

Bolivia marca, al día de hoy, el destino político y epistemológico de una región. Uno de los grandes logros como continente latinoamericano fue que Bolivia se convirtiese en el epicentro del pensamiento crítico y anti-colonial. Esperamos que la fuerza nacional-popular logre avance en su Revolución Nacional, salga en defensa y reivindicación de la ampliación democrática, de los otros mundos posibles y del buen vivir.

Referencias

El País. (12 de Noviembre de 2019). ¿Es un golpe de Estado lo que ha pasado con Evo Morales en Bolivia? El País.

Mosquera, M. (2019). Miseria de la teoría: Bolivia y el golpe de Estado. Contrahegemonía Web.

Tapia, L. (19 de Noviembre de 2019). CIDES-UMSA. Obtenido de CIDES-UMSA: http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/interaccion/noticias-f/264-crisis-politica-en-bolivia-la-coyuntura-de-disolucion-de-la-dominacion-masista

[1] Mosquera, M. Miseria de la teoría: Bolivia y el golpe de Estado. Contrahegemonía Web. (2019)